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Falsos positivos

 

Datos generales

Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica Desaparición forzada Tomo II: Huellas y rostros de la desaparición forzada (2013, pág.452), presentar falsos positivos es la práctica de las ejecuciones extrajudiciales de civiles por las fuerzas militares presentados «oficialmente» como «asesinatos premeditados de civiles, presentados fundamentalmente como bajas en combate» en Colombia.

El Fiscal de la Corte Penal Internacional consideró que esta práctica, dada su magnitud y carácter metódico es equivalente a un crimen de lesa humanidad.

Según la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las ejecuciones extrajudiciales en Colombia no son un fenómeno nuevo, como tampoco lo es presentar a las víctimas como muertos en combate. Desde la época de violencia bipartidista en el país (1949-1958) según el documento de Paz sin Crímenes de Estado, memoria y propuestas de las víctimas (2013) del Movimiento nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, se registraron más de 180.000 el asesinatos de civiles inermes por manos de las Fuerzas Armadas (Ejército Nacional, Policía y bandas paramilitares).

A partir de la década de 1960, con la implementación de la doctrina de seguridad nacional y la estrategia de contrainsurgencia del Estado colombiano, esta práctica sería ampliamente utilizada por las Fuerzas Militares y demás organismos de seguridad bajo el nombre de «enemigo interno», haciendo alusión a opositores políticos, sindicatos, organizaciones campesinas, sociales y en general a la población civil. Durante el periodo comprendido entre 1958-1974 del llamado Frente Nacional (pacto político entre liberales y conservadores) sumaron 4.956 muertes durante los 16 años de duración.

Entre 1980-1987 se desata en el país la «Guerra sucia» por parte de los servicios de inteligencia del Estado y de las Fuerzas Militares sumando 1.651 asesinatos de opositores políticos, sindicalistas, dirigentes campesinos, líderes sociales, guerrilleros, pobladores y campesinos residentes en zonas de influencia de movimiento insurgente.

En 1994, según Amnistía Internacional se consideró que «desde 1986 hasta finales de 1993, 20.000 personas han perdido la vida por motivos políticos, la mayoría de ellas a manos de las fuerzas armadas y los grupos paramilitares aliados a ellas.

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La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, confirmó la existencia de redes encargadas de ofrecer a las víctimas, trabajos bien remunerados en municipios diferentes a su lugar de origen y procurarles los medios para transportarlos, donde serían posteriormente asesinados.

Según La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre julio del 2002 y diciembre del 2007 se registraron 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la Fuerza Pública Colombiana, frente a 669 casos registrados entre enero de 1997 y junio del 2002.

La misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia concluyó que el aumento de casos ha coincidido con la implementación de la Política de Seguridad Democrática en el segundo semestre del año 2003 agenciada por la administración del expresidente Alvaro Uribe Velez. Ésta consistía en un marco normativo de incentivos y estímulos a los integrantes de la Fuerza Pública encaminados a lograr resultados militares frente a los grupos armados ilegales. Decreto 1400 de 5 de mayo del 2006, derogado posteriormente por el Decreto 1664 del 2007.

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En su informe del 2010 la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estimó «más de 3.000 personas pudieron haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, atribuidas al Ejército» ocurridos la mayoría entre 2004 y 2008.

Según informes de prensa en abril del 2009 la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, adelantaba 1.009 investigaciones por denuncias de falsos positivos correspondientes a 1.666 personas ejecutadas extrajudicialmente realizadas por los miembros de las Fuerzas Militares, de las cuales 1.507 eran hombres, 108 mujeres y 51 niños y generó procesos disciplinarios contra 150 oficiales del ejército.

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En el 2012 la Fiscalía General de la Nación registró 4.716 víctimas de los falsos positivos.

La directiva No. 10 del 2007 del Ministerio de Defensa Nacional aunque versa sobre la importancia de prevenir homicidios en personas protegidas, su texto advierte a las fuerzas militares sobre la importancia de su función y de su conocimiento de nuevas estrategias por parte de los grupos armados quienes se presentan como pequeños grupos, casi siempre como civiles con armas cortas, explosivos hechizos y propaganda alusiva a la organización guerrillera.

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Por si fuera poco, la directiva No. 300-28 del 2007, no solo relaciona a la población civil con los grupos armados sino que ubica a las denuncias en contra de las ejecuciones extrajudiciales como una estrategia de subversión para cuestionar los resultados obtenidos por la Fuerza Pública.

La falta de Atribución de la responsabilidad penal ha sido un factor clave para que sigan produciendo casos de falsos positivos. Actualmente la cifra es de 98,5% de homicidios con impunidad atribuidos a las Fuerzas Públicas.

 
 

 

FUENTES

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